El Real Decreto de prescripción enfermera, largamente esperado, lo ha decidido este Gobierno en Consejo de Ministros el pasado viernes. Era necesario recuperar la seguridad jurídica para los enfermeros. En esa incertidumbre hemos estado inmersos durante años en los que nos hemos esforzado en sumar consensos parlamentarios , que sin embargo tuvieron en 2015 un trastoque por parte del gobierno del PP, que nos devolvió a la inseguridad respecto a la prescripción.
Estamos a la espera ahora de la publicación en el BOE, que será inmediata, para la entrada en vigor de la norma. Debemos congratularnos todos. Ciertamente una norma no genera garantías hasta que está publicada y estamos atentos a su publicación en el BOE. En este caso la capacitación prescriptora exige una práctica profesional de un año de experiencia profesional, sin necesidad para el resto de realizar formación ad hoc.
Han sido escasas, pero significativas las sanciones a enfermeros. Baste señalar que la indicación de un paracetamol, de uso tan cotidiano, incluso entre vecinos que se lo recomiendan entre sí, o la administración de una vacuna- sujeta a prescripción médica hasta ahora- para generar inseguridad jurídica, que desde la Organización Colegial no estábamos dispuestos a continuar. En un mundo de libre mercado, con agentes tan diversos como no cualificados, con compra libre en internet, con auto medicación consentida, se cargaron las tintas sobre los enfermeros, profesionales nada sospechosos ni incompetentes, y que venían desarrollando una prescripción de hecho, que no de derecho.
Enfermeros que en Andalucía desde el sistema público de salud han tenido norma autónoma que ha amparado su práctica prescriptora, incluso con avances en la prescripción colaborativa, aunque puesto en entredicho por la norma de 2015. Es más, el Tribunal Constitucional ha venido a decir que la acreditación en prescripción será competencia de la comunidad autónoma respectiva, aunque los requisitos han de ser establecidos por el Ministerio de Sanidad .
Avancemos más en este sentido sentido pensando que todos los enfermeros no trabajan en el sistema público y es preciso amparar para todos una seguridad jurídica necesaria para su práctica profesional, allá donde tuviera lugar. O sea que sea la práctica privada o pública ha de estar amparada por esta medida.
El avance por la autonomía profesional, sin menoscabo de la colaboración con los equipos sanitarios, contribuye a nuestro desarrollo profesional y a una responsabilidad que debemos asumir. Esta norma traerá seguridad jurídica a los profesionales y menos molestias a los ciudadanos, que tendrá en su enfermera/o de referencia una prescripción con garantías.
Juan Antonio Astorga, tesorero de UPROSAMA y presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.
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